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18 octubre 2017

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Historia de la Superintendencia del Mercado de Valores

La regulación del Mercado de Valores en Panamá tiene como punto de partida el Decreto de Gabinete 247 de 16 de julio de 1970, mediante el cual, la  entonces Junta Provisional de Gobierno establece el primer cuerpo normativo formal para regular, analizar y fiscalizar la venta de títulos valores al público inversionista y se crea la primera Comisión Nacional de Valores adscrita al Ministerio de Comercio e Industria, la cual tal como se estableció gozaba de personería jurídica, autonomía en su régimen y manejo interno, sujeta a la vigilancia e inspección del Órgano Ejecutivo y de la Contraloría General de la República.

Esta Comisión estaba integrada por cinco miembros:

1. El Ministro de Comercio e Industria o el funcionario que éste designara, quién la presidía.
2. El Gerente del Banco Nacional o la persona por éste designada.
3. Un miembro prominente de la Banca, el cual debía tener por lo menos cinco (5) años de experiencia en esta actividad en la República de Panamá.
4. Un miembro prominente de la Industria, el cual debía tener por lo menos cinco (5) años de experiencia en la producción manufacturera en la República de Panamá.
5. Un miembro prominente del Comercio, el cual debía tener por lo menos cinco (5) años de experiencia en esta actividad en la República de Panamá.

Dos años más tarde el Decreto de Gabinete No. 247, es reformado por el Decreto de Gabinete No. 30 de 24 de febrero de 1972. Este Decreto Ley además era reglamentado mediante Resoluciones y por supuesto Decretos Ejecutivos.

La iniciativa gubernamental de los años setenta surge como reacción a la proliferación de promotores de fondos mutuos "offshore" que por tener dicha característica no rendían cuentas a ninguna jurisdicción. También, y como un objetivo más profundo, la regulación de las ofertas de valores se percibe como un elemento positivo en proporcionar seguridad a los inversionistas, y con ello, alentar la formación de un mercado nacional de valores.

Sin cambios y adiciones de importancia, la regulación de valores representada por el Decreto 247, se mantiene como la piedra angular del marco regulatorio local a pesar de tener un alcance limitado. El Decreto estaba concentrado casi exclusivamente en los aspectos de la colocación de títulos del emisor al público.

Mientras tanto, las realidades económicas y financieras eran otras. Particularmente a partir de 1990, el mercado nacional de valores, que hasta entonces había apenas experimentados transacciones esporádicas, empieza a ser escenario de mayor número de operaciones, muchas de mayor complejidad. Con la creación de la Bolsa de Valores de Panamá, S.A., la compra y venta pública de valores entra en una etapa más abierta y popular. Con la expansión del mercado aumentan el número de intermediarios de compraventa y poco a poco resurgen las funciones institucionales de pago, transferencia y liquidación de valores.

Como referencia cuantitativa el crecimiento del mercado, en 1990 año de inicio de operaciones de la Bolsa de Valores de Panamá, existían ocho puestos de bolsa con veinte empleados y se negociaron 35 millones de balboas. Para el año 2000 existen dieciocho puestos de bolsa, con más de treinta y cuatro corredores (antiguos agentes vendedores de valores) registrados bajo el impero de la nueva legislación, negociaron sobre 925 millones en títulos en el Mercado Primario y más de 200 millones de balboas en el Mercado Secundario.

Gracias al sostenido crecimiento de los mercados de valores internacionales, en particular el mercado norteamericano, alimentado en gran medida por el explosivo crecimiento de empresas tecnológicas, los servicios de inversión para servir ese mercado y el número de casas de valores que se establecen en Panamá para ofrecerlos, ya sea en forma directa o a través de instituciones bancarias locales y extranjeras, aumenta considerablemente.

Debido a las realidades económicas y financieras el marco regulador vigente, en noviembre de 1997, el Órgano Ejecutivo convoca a un grupo de trabajo para formular y redactar una Ley marco para el Mercado de Valores de Panamá.

DECRETO LEY 1 DE 8 DE JULIO DE 1999 (MARCO REGULADOR VIGENTE)

La tarea encomendada por el Ejecutivo al grupo de trabajo suponía cumplir satisfactoriamente con varios objetivos. El primero, elaborar una normativa moderna que expandiera la regulación a todas las facetas del mercado. Esta parte del trabajo suponía identificar todos los protagonistas del mercado y diseñar los requisitos necesarios para su funcionamiento.

El segundo, implicaba introducir a través de la Ley, algunos elementos jurídicos novedosos que permitiesen convalidar jurídica y operativamente algunas instituciones comunes en los mercados de valores desarrollados como son la tenencia indirecta de valores, la inmovilización y desmaterialización de títulos, elementos sin los cuales es impensable un mercado seguro y fluido.

De similar naturaleza legal era la expectativa del tercer objetivo, estrenar en la legislación panameña normas respecto a la información que generan los interlocutores del mercado. El desarrollo de normas de transparencia y diseminación, así como la tipificación de los abusos al manejo de información, como lo son la manipulación del mercado y el tráfico de información privilegiada y sus sanciones.

Por último y no menos importante que los objetivos anteriores fue el diseño de una organización que pudiese desarrollar el contenido de la Ley, instrumentar su ejecución, ordenar y fiscalizar el mercado con el mayor equilibrio, autonomía e independencia que fuese factible.

Nace entonces el Decreto Ley 1 de 8 de julio de 1999, por el cual se crea la Comisión Nacional de Valores y se regula el Mercado de Valores en la República de Panamá, publicado en la Gaceta Oficial No. 23,837 de 10 de julio de 1999, entrando en vigencia de forma parcial, ya que dicho Decreto establecía que sólo el Título II entraría en vigencia treinta (30) días a partir de su promulgación y cuatro meses contados a partir de su publicación entrarían a regir los demás Título de la norma.

Sin embargo luego haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 284 del Decreto Ley No. 1 de 1999, el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas y mediante el Decreto Ejecutivo No. 142 de 9 de noviembre de 1999 decretó prorrogar la entrada en vigencia de los Títulos III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIII y el artículo 285 para el día 10 de febrero de 2000.

El Decreto Ley 1 de 1999 es una ley marco de 284 artículos divididos en 18 Títulos temáticos. La ejecución de este Decreto queda a cargo de la Comisión Nacional de Valores, ente autónomo compuesto por tres Comisionados de tiempo completo, responsables del desarrollo de la ley, su ejecución y al fin de cuentas del éxito y fracaso de la vigilancia efectiva del mercado de valores.

Sin embargo, el mercado siguió transformándose estableciendo nuevas exigencias para el mejor desarrollo de la actividad de compra y venta de valores en el país.  Es así como surge una nueva iniciativa legislativa, promovida por El Ministerio de Economía y Finanzas y la Comisión Nacional de Valores, un trabajo desarrollado por un equipo de conocedores de la materia, que durante dos años, se abocaron a la tarea de actualizar la norma.  

El proyecto de ley fue presentado a la Asamblea Nacional para su análisis y discusión, el 2 de marzo de 2011, y se logró su aprobación el 1 de septiembre del mismo año.

La ley 67 de 1 de septiembre de 2011 crea la Superintendencia del Mercado de Valores, en reemplazo de la Comisión Nacional de Valores, y establece la figura de un Superintendente como su representante legaly administrador, y una Junta Directiva que actuará como máximo órgano de consulta, regulación y fijación de políticas.

De acuerdo a la nueva norma la Junta Directiva estará conformada por siete miembros, 5 designados por el Ejecutivo, 1 de la superintendencia de Bancos y 1 por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros.

Por otro lado la ley 67 establece que el Superintendente del Mercado de Valores es nombrado por el Órgano Ejecutivo y ratificado por la Asamblea Nacional, proceso que se concluyó el 4 de octubre de 2011 con la ratificación de Alejandro Abood Alfaro, como primer Superintendente del Mercado de Valores de Panamá.

La nueva legislación también crea el Sistema de Coordinación y Cooperación Interinstitucional entre los entes de fiscalización financiera, a través del Consejo de Coordinación Financiera.

Este Consejo propiciará el intercambio de información y coordinación  entre los reguladores financieros para coadyuvar a una regulación y supervisión adecuada para el sector financiero.

Según la ley el Consejo de Coordinación Financiera  estará integrado por el Superintendente de Bancos, quien lo presidirá, el Superintendente del Mercado de Valores, el Superintendente de Seguros y Reaseguros, el Director del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, el Director Ejecutivo del Sistema de Ahorro y Capitalización de Pensiones de los Servidores Públicos, el Director de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio e Industrias, y con derecho solo a voz, también participarán en la reuniones el Director de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo y el Presidente de la Junta Técnica de Contabilidad.

El documento también incluye modificaciones a la ley 10 de 1993 que regula el sistema de pensiones privadas, cambios con los que se obliga a los administradores financieros de pensiones privadas a ser más cautelosos al momento de invertir el dinero de sus clientes, de tal manera que se garantice, por lo menos, el capital.

Ley 67 de 1° de Septiembre de 2011, no sólo modifica la estructura orgánica del regulador, sino que sienta las bases para un mayor dinamismo en la regulación y supervisión del mercado, al modificar intrínsecamente, las disposiciones del Decreto ley 1 de 1999, y además crea las herramientas para que los reguladores de cada componente de la industria financiera del país puedan colaborar entre ellos y trabajar al unísono para mantener un sector financiero sano y pujante.

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